Algunos creen que el fútbol es un territorio soberano, un césped donde las jerarquías del mundo exterior se suspenden durante noventa minutos. Sin embargo, la reciente intervención del poder ejecutivo estadounidense en la Copa del Mundo 2026 ha demostrado que, ante el peso de la geopolítica, el silbato del árbitro es apenas un murmullo.
Folarin Balogun fue expulsado en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, en un choque de EEUU ante Bosnia y Herzegovina. La sanción por «juego brusco grave» implicaba un partido automático de suspensión, dejándolo fuera de los octavos de final contra Bélgica. Hasta allí, era la clásica tragedia deportiva. Pero el guión se reescribió desde Washington.
El presidente Donald Trump admitió haber llamado directamente a Gianni Infantino para exigir la revocación de la tarjeta, amparado en su posición como Presidente del país que es la principal sede del Mundial: «No me pareció que fuera falta». Días después, la FIFA levantó la suspensión argumentando una difusa “revisión del informe arbitral”, y el propio mandatario lo celebró en la red Truth Social: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto…!”.
Para quienes leemos el deporte a través del lente de la historia y el derecho, el contraste normativo es flagrante.Los Estatutos de FIFA dictaminan que las federaciones miembro “se administrarán de forma independiente y sin injerencia de terceros”.
El peso de la realidad
Tras la confesión presidencial, la FIFA no emitió un comunicado desmintiendo la influencia, ni el Comité de Ética anunció investigación alguna.
Esta omisión no es un olvido burocrático; es una declaración de principios. La independencia institucional opera con implacable severidad contra federaciones periféricas, pero sufre de una conveniente miopía cuando quien levanta el teléfono es el líder de la potencia coorganizadora del torneo.
La historia del fútbol es, en buena medida, la historia de sus presiones políticas. La memoria nos lleva irremediablemente a la Italia de 1934, donde el régimen fascista convirtió el torneo en una cuestión de Estado y Benito Mussolini operó en las sombras (y a plena luz) para garantizar el éxito de su escuadra. Nos remite a las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80, donde el fútbol fue utilizado como herramienta de legitimación y la sospecha del «arbitraje de Estado» se instaló en el inconsciente colectivo sudamericano. Incluso en épocas recientes, vimos a Emmanuel Macron apelando al «patrimonio nacional» para intervenir en el futuro de Kylian Mbappé.
Pero lo que diferencia al caso Balogun es la erosión total del pudor. No es presión diplomática ni lobby para conseguir una sede; es un Jefe de Estado interviniendo directamente sobre el reglamento de juego y celebrándolo como una victoria ejecutiva.
La federación belga no se equivocó al tildar la decisión de “vergonzosa”. Si una tarjeta roja ratificada por el VAR puede ser anulada por una orden ejecutiva camuflada de «revisión técnica», el deporte pierde su esencia justa y equitativa. Se instaura, de facto, un fútbol de dos velocidades: uno sometido al rigor del reglamento para el resto del mundo, y otro con derecho a veto para quienes controlan los hilos del tablero global.
El Mundial 2026 ya tiene su marca indeleble. Nos ha enseñado que el árbitro puede tener la última palabra en la cancha, pero el VAR, en ocasiones, se revisa desde la Oficina Oval.
